El 11 de marzo de 2009 la médico de familia María Eugenia Moreno Martínez hacía guardia en el centro de salud de Moratalla (Murcia) cuando volvió a ver a un paciente al que había atendido unas horas antes. Fue la última persona a la que vio, puesto que el hombre -un taxista jubilado de 74 años- le disparó cuatro tiros en el pecho que acabaron con su vida de tan sólo 34 años.

Menos de un año más tarde, la Organización Médica Colegial creó el Observatorio de agresiones para sensibilizar a las administraciones públicas, a los propios profesionales y a los ciudadanos del grave problema que significan las agresiones a sanitarios porque afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria.

Tras ese hecho, cada 16 de marzo se celebra en España el Día Nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario.  Desde entonces, la Organización Médica Colegial (OMC) ha registrado un total de 2.419 médicos agredidos que en los últimos seis años así lo comunicaron a sus colegios profesionales.

Con el objetivo prevenir e impedir cualquier tipo de violencia o intimidación (ya sea física, psíquica o verbal) contra estos profesionales, provenga esta de los pacientes o de terceras personas, tanto en los ámbitos público como privado, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior han presentado hoy el Protocolo de actuación con medidas preventivas, asistenciales y formativas, que adoptarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar y hacer frente a las agresiones que sufren los profesionales de la salud.

A través de una instrucción, firmada por el secretario de Estado de Seguridad y enviada hoy mismo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que entre en vigor, los agentes podrán actuar a partir de una serie de medidas. Entre ellas, la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario que asesorará a los centros sanitarios que lo soliciten con el fin de adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir y reducir el riesgo de la comisión de posibles actos violentos.

Se elaborará, también, un catálogo de centros médicos, públicos y privados, que se encuentren en demarcación de cada cuerpo policial, el cual se actualizará periódicamente. Además, se clasificará cada centro médico de acuerdo al riesgo de acción delictiva de cada uno, y atendiendo al catálogo anterior.